El comercio ilícito de combustible resulta en una importante pérdida de ingresos fiscales para el Estado y perjudica a las empresas legales que operan dentro de las regulaciones establecidas.
La adulteración y manipulación de combustibles pueden generar consecuencias graves para el medio ambiente, incluyendo la contaminación del suelo y el agua, así como la emisión de gases nocivos.
El uso de combustibles adulterados o ilegales puede dañar los motores y representar un riesgo para la seguridad de los consumidores.
La República Dominicana ha implementado leyes como la Ley 17-19 para abordar el contrabando y la comercialización ilegal de combustible, estableciendo sanciones y medidas para prevenir estas prácticas.
Se han fortalecido los controles en los puntos de distribución y se ha promovido la colaboración entre entidades gubernamentales para supervisar la cadena de suministro de combustible.