El comercio ilícito de bebidas alcohólicas genera pérdidas fiscales considerables para el Estado, afectando la recaudación de impuestos y perjudicando a las empresas legítimas que cumplen con las regulaciones.
Las bebidas alcohólicas falsificadas o de origen ilegal pueden carecer de estándares de calidad, lo que supone un riesgo para la salud de los consumidores al contener ingredientes nocivos o tener una concentración inadecuada de alcohol.
Las empresas licoreras legales se enfrentan a una competencia desleal por parte de productos ilegales que entran al mercado a precios más bajos.
La República Dominicana ha implementado leyes como la Ley 17-19, que establece medidas para combatir el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, tipificando los delitos asociados y estableciendo sanciones.
Se fomenta la colaboración entre autoridades gubernamentales y empresas del sector para fortalecer la vigilancia y control del mercado, implementando estrategias conjuntas para reducir la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.