Se estima que un porcentaje significativo de cigarrillos vendidos en el país provienen del mercado ilícito, resultando en la pérdida de ingresos fiscales importantes para el Estado y afectando la competitividad de las empresas legales.
Los productos del mercado ilícito no cumplen con las regulaciones de seguridad y calidad, lo que supone un riesgo para la salud pública al no estar sujetos a controles sanitarios adecuados.
Las empresas tabacaleras legales se ven perjudicadas al enfrentarse a una competencia desleal por parte de productos más baratos provenientes del mercado ilícito.
La aprobación de la Ley 17-19 establece mecanismos legales para enfrentar el comercio ilícito de cigarrillos, tipificando los delitos asociados y estableciendo sanciones administrativas y penales.
Se ha promovido la cooperación entre el sector público y privado para fortalecer la vigilancia y control del mercado, implementando estrategias conjuntas para reducir el comercio ilícito.