Santo Domingo. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) saludó la publicación del Decreto 405-22 que tiene por objeto normar los aspectos básicos que intervienen en la prevención y persecución del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados en el marco de la Ley 17-19, así como la aprobación y difusión del Reglamento que, de modo específico, normará la lucha contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, considerando que la coordinación interinstitucional establecida permitirá ser más efectivos en el combate de este flagelo que afecta a las empresas, al Estado y a la sociedad.
La AIRD agradeció al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) por el esfuerzo realizado para alcanzar estos resultados y señaló que tanto el Reglamento como el Protocolo constituyen un logro en la lucha contra los ilícitos, el contrabando y la falsificación, de los cuales se sienten satisfechos y esperan que profundicen el combate de estos flagelos que tienen graves consecuencias en la actividad productiva y comercial, en las recaudaciones del Estado y en la salud de las personas.
El Reglamento se refiere a varios productos regulados: medicamentos, hidrocarburos, productos de alcohol y derivados y productos de tabaco y derivados, mientras que el protocolo aborda específica los ilícitos en el campo de bebidas alcohólicas y establece normas de carácter general.
La AIRD consideró muy importante que el Protocolo de Lucha contra los Ilícitos establezca la coordinación interinstitucional para la realización de operativos y allanamientos para combatir de modo que pueda ser reducida a su mínima expresión la fabricación y comercio de bebidas alcohólicas ilegales en República Dominicana, en el marco de la Ley 17-19.
El Protocolo establece pasos desde indicios de ilegalidad, pasando por inteligencia e inspección, operativo, allanamiento y judicialización cuando corresponda y establece el rol de cada institución en cada fase o paso. Indica que el ataque a los ilícitos se mantendrá tanto contra los establecimientos que se sospeche comercialicen bebidas alcohólicas ilegales como sobre las instalaciones clandestinas que se dediquen a la fabricación o procesamiento de cualquier tipo de bebida alcohólica ilegal.
Las instituciones que trabajarán estableciendo sinergias entre ellas son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio Público.
Fue fruto de la Mesa de Trabajo Público-Privada en que se logró un consenso con participación de las instituciones públicas señaladas y que, desde el sector privado, contó con la participación de la AIRD, ADOPRON, ADOFACE, RIVLAS y los principales productores locales y representantes de bebidas alcohólicas.